La buena y loable intención de Ipal para acabar de una vez con el régimen que oprime a Alburquerque, a los trabajadores, a los autónomos, y nos ha conducido a TODOS a la ruina más absoluta, tal vez no fuera suficiente para echar de una vez de sus poltronas a los que viven de nuestros impuestos, incluido el jefe de todos ellos, es decir, la dimisión de los cuatro ediles independientes más dos o tres del gobierno, podría no servir para acabar con Murillo, Cipriano Robles y Vadillo.
Ya lo desvelaba Tina Rodríguez, eficaz alcaldesa de Fregenal de la Sierra, quien recordaba en el hilo de la noticia de Ipal que Ley Orgánica de Régimen Electoral, en su artículo 182, expone que solo en el caso de que el número de concejales que quedase en el corporación llegase a ser inferior a los dos tercios del número legal –en el caso de Alburquerque menos de 7- “se constituirá una Comisión Gestora integrada por todos los miembros de la Corporación que continúen y las personas de adecuada idoneidad o arraigo que, teniendo en cuenta los resultados de la última elección municipal, designe la Diputación Provincial o, en su caso, el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, para completar el número legal de miembros de la Corporación”.
Es decir que los que no dimitieran, y supuestamente Murillo y Robles no lo harían, podrían seguir en la corporación y la Diputación nombraría a otros hasta llegar a los 13 legales, aunque fueran personas que no se hubieran presentado a las elecciones. Ahora bien, dependiendo de quienes entraran, ambos se podrían quedar sin poder alguno.
Otra cosa sería lo que consta en el artículo 183 de la misma Ley Orgánica, que contempla que “en los supuestos de disolución de Corporaciones Locales por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en la legislación básica de régimen local, deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva Corporación dentro del plazo de tres meses”.
Es decir que si es el Consejo de Ministros el que disuelve el ayuntamiento, y eso solo se haría en caso de corrupción grave y demostrada en la que estuvieran todos los concejales implicados, habría elecciones y “mientras se constituye la nueva Corporación o expira el mandato de la disuelta, la administración ordinaria de sus asuntos corresponderá a una Comisión Gestora designada por la Diputación Provincial o, en su caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente”.
En este caso ejercería las funciones de Alcalde “aquel vocal que resulte elegido por mayoría de votos entre todos los miembros de la Comisión”.
Esto nos lleva a concluir que la única solución es la intervención del ayuntamiento por parte de Hacienda, algo en lo que ya están de acuerdo Ipal, PSOE regional, Cs y Podemos, que se han manifestado al respecto recientemente, y el PP que lo ha pedido formalmente en diversas ocasiones a través del diputado nacional Víctor Píriz.
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Portada: Ediles de Ipal abandonando el último pleno por el nuevo desplante de Murillo.
Foto 2. Robles, Vadillo y Murillo.
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