La alcaldesa Marisa Murillo vuelve a utilizar el virus como excusa para que no vaya ninguna persona como público al pleno de mañana. En la propia convocatoria deja claro que es para “evitar aglomeraciones” y ha insistido para que los medios de comunicación digan que no pueden ir nadie. Una vez más, sin escrúpulo alguno, utiliza un tema muy sensible para negar los derechos legales y democráticos de los alburquerqueños. Su argumentación cae por su propio peso: habla de “aglomeraciones” cuando a las sesiones no van nunca más de 10 personas y en la zona donde se coloca el público caben como mínimo 40. De hecho, siempre hay más concejales que espectadores en la zona reservada a la corporación y por esa regla de tres, Murillo tendría que dejar de hacer los plenos en el ayuntamiento y desarrollarlos de forma telemática.
En la última sesión, Ipal pidió que pudiera asistir público cumpliendo todas las normas de seguridad antiCovid, y Murillo respondió que lo “estudiaría”, una forma de decir que no y escaquearse, en lo que es especialista y ha tenido un buen maestro.
En algunos ayuntamientos, donde suele ir mucha gente a los plenos, se ha recurrido a que los interesados pidan una acreditación previa para asistir con el fin de dar solo entrada a la mitad o una tercera parte del aforo, cosa que aquí no haría falta dado que no va ni una cuarta parte.
No olvidemos que la Ley expone que “no deben existir impedimentos indebidos para el libre acceso de los ciudadanos que así lo deseen a las sesiones plenarias”. Pero como aquí la legalidad les importa un rábano y la democracia la pisotean, pues todo parece normal.
No obstante, es evidente que pueden concurrir circunstancias que justifiquen la imposición de restricciones en dicho derecho de libre acceso, de hecho, según consta en el reglamento: “podría entenderse justificada la imposición de limitaciones de acceso por razones de seguridad, cuando las mismas estuviesen debidamente acreditadas y no existiesen otras alternativas para garantizar dicha seguridad que resultasen menos restrictivas del derecho de acceso”. Está clarísimo entonces, bastaría con exigir mascarilla y reducir el aforo, lo que, insistimos, aquí ni siquiera es necesario porque no acude más de una decena de personas. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues muy simple: en los plenos anteriores a la pandemia, algunos de los presentes, siempre con respeto, recriminaron a Murillo su “atraco a la democracia” y reclamaron a gritos ¡Libertad! Y eso es lo que la alcaldesa quiere evitar a toda costa y, por ello, lleva ya casi un año negando la asistencia de espectadores a las sesiones.
A juicio de los letrados “debería analizarse el funcionamiento del pleno con los portavoces de los grupos. Si se llega a la decisión por unanimidad de celebrar el Pleno a puerta cerrada, bastaría que la convocatoria hiciera mención a que se adopta tal medida por la necesidad de evitar las aglomeraciones de personas por salud pública; si no se llega a esta decisión, se debería colocar carteles desaconsejando la asistencia”. Pero nunca impidiendo un derecho fundamental por intereses espurios de la “marioneta” que nos desgobierna.
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Imágenes: Público en plenos guardando las medidas de seguridad.
Foto 2: Los concejales del grupo de gobierno guardan poca distancia entre ellos y Murillo prohíbe la asistencia de público aunque acuden menos de 10.
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