El Colectivo Memoria de Futuro de Alburquerque está participando en las acciones de simbolización desarrolladas por la plataforma Encuentro Estatal de Colectivos de la Memoria Histórica y Víctimas del franquismo junto a 160 organizaciones de todo el Estado español.
Esta campaña se ha puesto en marcha porque, según explica la plataforma:, “el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha presentado el Gobierno no garantiza que se puedan investigar y enjuiciar los crímenes de la Dictadura Franquista”, y se centra en comunicar las principales e irrenunciables reivindicaciones del movimiento memorialista y de víctimas del franquismo a los Partidos Políticos, Instituciones del Estado y a la sociedad en general, ya que en la actualidad se está procediendo a la tramitación y aprobación parlamentaria de la Ley de Memoria Democrática. Así se pretende que por parte de las Cortes Generales se apruebe “una ley de memoria democrática que ponga fin a la impunidad del franquismo y que garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura y la transición.
Esta Plataforma entender que “es insuficiente el avance que representa este anteproyecto de ley, pues debería incluir la declaración de nulidad de uno de los pilares fundamentales de la impunidad del franquismo: la Ley de Amnistía de 1977, o al menos, de aquellos apartados que impiden investigar los crímenes del franquismo, y por tanto, el acceso a la justicia”. Además, consideran “insuficiente la condena del franquismo dado que no se hace en los términos declarados en las Resoluciones de las Naciones Unidas”.
El comunicado que nos hace llegar Memoria de Futuro explica que “no podemos conformarnos con declarar las sentencias represivas como “nulas e ilegítimas”, tal y como recoge el Anteproyecto, porque esa definición no tiene validez jurídica alguna. Propugnamos que tanto las sentencias como los tribunales y toda la legislación represiva del franquismo se declaren ilegales y nulos”. Añade que “el Anteproyecto no garantiza la Tutela Judicial Efectiva en la localización y exhumación de las fosas comunes del franquismo, aunque sí es un avance que el Estado español asuma su responsabilidad directa en la recuperación e identificación de las víctimas”.
De igual modo, señala el escrito, “enuncia la necesidad de investigar los crímenes franquistas, pero en ningún modo garantiza su persecución penal”, y tampoco “reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de instituciones, organizaciones, entidades y particulares, que se han beneficiado del expolio franquista y de los trabajos forzados”. También critica que “no garantiza la apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados sobre la represión franquista. Tampoco se compromete con la desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en los mismos. Por tanto, no asegura el acceso a la información, ni el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”.
La Plataforma se opone a que “el 31 de octubre sea declarado como Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo, pues no tiene ningún significado simbólico para el movimiento memorialista”.
Finalmente, considera “imprescindible modificar el artículo 578 del Código Penal para que incluya el reconocimiento jurídico de víctimas del franquismo, con el fin de que los actos de exaltación del franquismo y de negacionismo histórico sean definidos como delitos y no queden impunes”. Asimismo, exigen “la ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó desde el 18 de Julio de 1936”.
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