JOSÉ RAMOS LOZANO
“La corrupción de las democracias procede inmediatamente del hecho de que una clase social fija los impuestos y otra los paga” -William Ralph Inge-.
Desde la normalización de las mujeres en el mercado laboral, allá por el siglo XX, la evolución y equiparación tanto en los trabajos como en las retribuciones ha sido constante; la consagración de estos derechos en las constituciones occidentales se ha desarrollado en una legislación laboral que no deja margen a discriminación profesional ninguna, por supuesto tampoco por razón de sexo (podríamos decir de género y sería lo mismo, pues hoy en día los géneros se pueden permutar). Así las cosas, la brecha salarial entre hombres y mujeres, aparte de ser ilegal normativamente, se produce básicamente por la exclusiva capacidad de las féminas para concebir y traer hijos al mundo. Claro está que son ellas quienes deciden libre, voluntaria y personalmente sacrificar su carrera profesional en beneficio de la vida familiar. Por otra parte, la concentración de mano de obra femenina en sectores con salarios bajos y jornadas reducidas, como son la limpieza o la atención domiciliaria, hacen posible la brecha salarial.
Si tenemos presente que la brecha salarial en la Administración Pública es del 15% por las razones expuestas anteriormente, resulta poco creíble pensar que los empresarios son unos estúpidos que pagan más a los hombres por el hecho de serlo que a las mujeres.
Se da la circunstancia de que la AAPP son el mayor empleador del país y en sus catálogos profesionales hay muchos que son homologables con los empleadores privados, tanto por la cualificación exigida como por la propia denominación. Si esto es así, ¿Por qué la brecha salarial entre trabajadores públicos y privados ronda el 50%? Estamos hablando de una diferencia en torno a 850€ mensuales de media. Este desajuste retributivo se ha venido incrementando con el paso de los años y los sucesivos decretos y reformas laborales. En ningún caso se cuestionan aquí los emolumentos de los trabajadores al servicio de las AAPP pues no son esplendidos ni están fuera de lo razonable. Lo que nos preocupa es la brecha salarial tan enorme con la remuneración en el ámbito privado.
Los convenios colectivos de las empresas suelen tener un parecido más que evidente respecto de los que rigen para los trabajadores públicos que tienen una relación contractual con las AAPP. La gran diferencia son las retribuciones. Puesto que son los mismos sindicatos los que hacen y negocian los convenios colectivos, ¿Por qué han consentido este dislate? Seguramente porque se financian a través de las cuentas públicas y la representación sindical en la empresa privada es testimonial.
Junto con Luxemburgo, España encabeza el ranking de diferencia salarial entre los empleados del sector público y el sector privado. En casi todos los países se repite la diferencia en favor de lo público, sin embargo, en Alemania es del 18%, en Irlanda del 13% y en Portugal del 28%. Los países donde los sueldos privados están por encima de los públicos son Dinamarca, Suecia y Finlandia, que casualmente disfrutan del mejor estado del bienestar.
A ver si nuestros representantes políticos se centran en mejorar la vida de los pobres trabajadores o trabajadores pobres y dejan de darse golpes en el pecho por supuestas desigualdades de minorías muy minoritarias.
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