Press "Enter" to skip to content

Agentes de la policía local denuncian ante la Fiscalía a Vadillo y Murillo

Siete agentes de la policía local de Alburquerque han presentado a la Fiscalía de Badajoz una denuncia contra el ex alcalde Ángel Vadillo y la actual alcaldesa Marisa Murillo por los presuntos delitos de “prevaricación, desobediencia y estafa procesal”.

En su escrito de acusaciones, explican que Vadillo “vino modificando unilateralmente los horarios, jornadas así como las condiciones laborales de los funcionarios públicos pertenecientes a la Policía Local de Alburquerque, cambios realizados sin ningún tipo de consentimiento, comunicación o negociación con los trabajadores afectados o sus representantes”, hechos que fueron denunciados en dos ocasiones al amparo de la jurisdicción contencioso-administrativa, consiguiendo como resultado la “declaración de nulidad de estas modificaciones horarias por ser contrarias a Derecho”.

Así, la sentencia 42/2019 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Badajoz establece que: “no es aceptable un sistema de organización en el que el Alcalde modifica los turnos y los horarios de trabajo de los Agentes de forma unilateral en virtud de providencias reiteradas y que puede llegar a no garantizar el tiempo de descanso mínimo legalmente establecido de un agente entre un turno y el siguiente”.

La sentencia señala que “puede ser aceptable y defendible la modificación del cuadrante en casos puntuales, pero lo que no podemos amparar es que la alteración de los horarios y turnos de trabajo se convierta en sistemática, en una costumbre reiterada cada semana”. Ello, porque en el juicio se puso de manifestó que “hasta la fecha se ha llegado a dictar hasta veintidós providencias similares desde el mes de agosto de 2018, lo que evidencia que lo que se está haciendo es una alteración unilateral de las condiciones de trabajo de los agentes que no dispone de amparo legal alguno, por lo que se procede a declarar la nulidad de las providencias de Alcaldía”.

Esta misma situación se repite en otra denuncia y en una tercera, interpuesta el 9 de abril, se fijó el juicio para el 4 de junio pasado. Pero en la vista, la defensa del Ayuntamiento aportó como prueba un decreto de la alcaldía firmado por el ya alcalde en funciones, Ángel Vadillo, el día 3 de junio, esto es, un día antes del juicio, mediante el cual anula todas las providencias de Alcaldía dictadas con relación a los cuadrantes horarios de servicio de la Policía Local, incluidas las impugnadas y que iban a ser objeto de revisión al día siguiente en el acto del juicio”.

Por tanto, el Alcalde reconoce en dicho decreto que todas las providencias dictadas sobre los horarios son contrarias a Derecho tanto en forma como en el fondo, anulándolas todas, en sintonía con lo manifestado por el Juzgado. En virtud de ello, la sentencia recoge que sobre esta demanda “es innecesario ya pronunciarse pues las providencias han sido declaradas nulas y sin efecto por quién las dictó”, y se desestimó la demanda. Pero, según indican los agentes en su denuncia a la Fiscalía, “resulta apreciable la mala fe de la Alcaldía al declarar la nulidad de las providencias el día antes de la vista, cuando ya se ha cumplido con los horarios y condiciones previstos en las mismas, y con el único fin de no obtener una nueva sentencia desfavorable”.

De hecho,  el 5 de junio, tan sólo dos días después de dictarse dicho el Decreto de Alcaldía y un día después de haberse celebrado el acto del juicio en el que se aportó y utilizó el Decreto como prueba documental para desestimarse la demanda, Ángel Vadillo como Alcalde en funciones “a sabiendas de su ilegalidad, declarada por el Juzgado y reconocida por él mismo en el Decreto que firmó dos días antes, y con el más absoluto desprecio a las resoluciones judiciales, a la legalidad vigente y al juzgado,  vuelve a dictar una Providencia idéntica, en cuanto a la forma y contenido, que las declaradas nulas por el Juzgado y las que él mismo como Alcalde había anulado y reconocido como contrarias a Derecho”, señala el escrito de denuncia de los agentes.

Asimismo, el citado decreto de la alcaldía de 3 de junio contemplaba la elaboración de un cuadrante provisional para los próximos tres meses, plazo máximo que consideraba adecuado para la culminación con éxito o sin él del procedimiento de negociación que deberá determinar el cuadrante definitivo. Pues bien, señalan en su escrito de denuncia los agentes locales, “a pesar de dicho reconocimiento y que en las sentencias del Juzgado contencioso administrativo nº 2 de Badajoz se instaba a ello, ni se estableció ese cuadrante provisional ni se ha realizado actuación alguna por parte de la Alcaldía o el Ayuntamiento dirigida a llevar a cabo un proceso negociado para la fijación del horario definitivo”. Al contrario, argumentan que “reiteradamente se ha pedido por registro público la preceptiva mesa de negociación para establecer un calendario laboral, según establece la legislación vigente, siendo todas estas ignoradas y denegadas por silencio administrativo”. Sin embargo, añaden, la nueva alcaldesa se “empecina en continuar dictando horarios unilateralmente con diferentes cadencias temporales y diversas formas administrativas a sabiendas del perjuicio ocasionado y de su ilegalidad, produciendo una flagrante indefensión a los trabajadores afectados”.

En conclusión de todo lo argumentado, los denunciantes estiman que los “comportamientos descritos bien podrían ser constitutivos de ilícitos penales, entre otros, de prevaricación, desobediencia e incluso estafa procesal” y señalan que “de los anteriores hechos son aparentemente responsables las personas firmantes de los mismos que en cada momento han ostentado el cargo de alcaldes y que han dictado o vienen dictando las resoluciones administrativas citadas en la presente denuncia, esto es, Ángel Vadillo Espino y María Luisa Murillo Díaz”.

____________

Portada: Vadillo y Murillo se abrazan en el acto de presentación de la candidatura del PSOE.

Impactos: 0